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Estemos atentos y sepamos de qué se trata.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de emitir un fallo (Albarracini Nieves s/ medidas precautorias) sobre la cuestión de hasta donde hay que respetar la personal libertad, voluntad y conciencia que ampara el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Los hechos básicamente son los siguientes: Pablo Albarracini es internado con graves lesiones producidas por un arma de fuego a raíz de un intento de robo del que fue víctima en nuestra insegura Argentina actual. Para su atención los médicos necesitan hacerle una transfusión de sangre dado su estado crítico, pero el hospitalizado adscribe al culto conocido como testigos de Jehová, quienes mantienen entre sus principios religiosos el de no recibir transfusiones, y Pablo Albarracini dejó asentado en el 2008 ante escribano público una declaración en la que se manifiesta perteneciente al culto y que por ese motivo no acepta transfusiones de sangre.
Su esposa, también perteneciente al mencionado culto, acompaña actualmente esa voluntad. Sin embargo su padre, Jorge Albarracini Nieves, entendiblemente preocupado por la salud física de su hijo, presenta una medida judicial a los efectos de que se autorice a los médicos tratantes a realizar la mentada transfusión. En primera instancia se hace lugar a su pedido pero en la Cámara se revoca esa decisión resguardando la voluntad del paciente de no recibir transfusión alguna. Así llega el caso al máximo tribunal, quien el 1º de junio resuelve confirmar el pronunciamiento apelado que deniega la solicitud paterna y ampara la voluntad del internado. Para ello se funda básicamente en el respeto por la propia voluntad expresada con discernimiento, intención y libertad, garantizándose así las premisas fundamentales de la libertad individual dadas por el artículo 19 de la Constitución que dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.
Hasta aquí estoy de acuerdo, pues se respeta esta norma fundamental de todo Estado de Derecho (disposición que, como bien aclara la Corte -citando una disidencia del famoso antecedente jurisprudencial en la materia Bahamondez- , se intenta no quede ‘en una mera fórmula vacía, que solo protegería un fuero íntimo de la conciencia o aquellas conductas de tan escasa importancia que no tuviera repercusión alguna en el mundo exterior’), la cual refleja que toda persona goza de una autonomía y libertad primigenia para adoptar aquellas decisiones fundamentales acerca de su persona que mejor le parezcan, sin que el Estado u otros particulares se lo impidan en tanto no se violen derechos de terceros.
Este derecho humano fundamental, básico, natural, anterior al Estado por lo tanto, de disponer de la libertad de pensar, actuar y proceder como cada uno disponga, es el que quiso asegurar nuestro sabio constituyente. Precisamente el Estado está para proteger nuestra privacidad, intimidad y libre actuación dentro de la vida en sociedad, protección frente a otros y por supuesto –y ante todo: recordemos cómo nacen históricamente estos derechos- de cara al Estado. Esta libertad en sentido amplio incluye no sólo la vida y la propiedad y su defensa ante quienes quieran violarla, sino también alcanza la fundamental protección de la conciencia (sagrario del hombre) y la esencial libertad religiosa.
Pero una breve y rápida lectura de la resolución obliga a señalar aunque sea resumidamente tres reflexiones, pues las derivaciones impropias de ellas pueden ser preocupantes:
1.- Si bien sostengo que la autonomía y libertad aquí protegidas son relativas y no absolutas, limitadas ante terceros y reglamentables por leyes que no alteren su sentido –como sucede con todo derecho constitucional-, no se debe olvidar que su importancia es central pues hacen a la intrínseca dignidad de toda persona humana; persona y dignidad que conforman el principio humanista al cual le deben reconocimiento y prioridad los poderes y a cuyo servicio está destinada la autoridad pública. Digo esto pues en el considerando 18 de la Corte parece establecerse con cierta liviandad y como si fuera el primer límite ‘que, por cierto, la libertad de una persona adulta de tomar las decisiones fundamentales que le conciernen a ella directamente, puede ser válidamente limitada en aquellos casos en que exista algún interés público relevante en juego y que la restricción al derecho individual sea la única forma de tutelar dicho interés, circunstancias que claramente no aparecen configuradas en el caso’. En un País con una práctica constante de autoritarismos de todo tipo y tan propensa a los abusos estatales, que siempre invocan para avasallar los distintos derechos humanos fundamentales ‘algún interés público relevante en juego y que la restricción al derecho individual sea la única forma de tutelar dicho interés’, es que preocupa que un máximo órgano del creciente poder estatal se refiera de esta forma al demasiado amplio justificativo coactivo de afectar vagos intereses públicos, y más cuando el poder que lo señala es el que debiera ser nuestra máxima defensa frente a los arrebatos y avances desenfrenados de los demás…
Esta invocación ha dado lugar a tantos abusos contra la libertad y la dignidad de las personas concretas que puede ser excusa para anular cualquier derecho: el orden público se afecta de tan inmensa manera, ante cada pequeño aleteo de mariposa, que puede ser de hecho imposible no afectarlo, y así pueden invocarse ‘justificadas’ intervenciones restrictivas que terminen interviniendo y restringiendo todo…
2.- Pero a la vez y paralelamente hay sí un límite más humilde y concreto –pero más importante- que es no afectar el derecho de un tercero directamente vinculado. Sabemos que el límite obvio al precioso y liberal principio que encarna el art. 19 es no dañar de manera directa el derecho de otro (mi libertad y derecho tiene el límite del de los demás). Bien, la pregunta aquí por ejemplo sería: ¿tenía esta persona un menor a su cargo? Porque en ese caso debería cambiar la resolución: la propia disposición de la vida debe balancearse con la responsabilidad que uno asume al tener un hijo, y ahí mis acciones y deseos particulares se relativizan frente a ese prójimo tan próximo, y debo saber que no es igual la disponibilidad sobre el propio destino que dispongo como no padre que como padre de un menor: desde el momento que tengo un hijo obviamente estoy ligado a otra vida por la cual debo velar y ayudar hasta que tenga alas propias… Es claro que no nos referimos aquí al padre del testigo de Jehová, quien se opone en este caso a la decisión de su hijo (algo comprensible como sentimiento natural del progenitor, aunque aquí su hijo ya es mayor y entonces libre y responsable), sino al contexto de quien requiere la transfusión: si tiene –no sería este caso- hijos menores a cargo, su libertad está limitada pues se perjudica directamente a un tercero, y ahí entra a jugar el derecho fundamental de otra persona. En ese caso ya no dispongo plenamente de mi vida, y es interesante que esta obviedad sea advertida: tan importante es la familia y la vida de aquel que está iniciándose que en estos casos hay que analizar este dato (y no ignorarlo despreciando la célula básica de la sociedad). Tanto el orden público estatal como el central ámbito de libertad de cada quien a la luz del mencionado art. 19 no son más importantes que la protección de la persona concreta del hijo: trasunta un orden peligroso si se prioriza al Estado y sus razones, o las de una persona aislada que ignora responsabilidades previas asumidas, sobre la realmente más importante institución de la familia y sobre la protección de sus miembros, sobre todo de los más vulnerables.
3.- Es claro ante la lectura del fallo, como dijera al principio, que la decisión se centra en el valiosísimo principio de la protección de las acciones privadas emanado del art. 19, el cual (citando también el tribunal otro conocido precedente de nuestra Corte) ‘es la base misma de la libertad moderna, o sea, la autonomía de la conciencia y la voluntad personal’. Pero no perdamos de vista que aquí también se juega la protección central que amerita el derecho humano primario de la libertad religiosa. De hecho, el motivo de fondo que motiva la decisión del internado es religioso, y antes que su conciencia (o si queremos, con ella) lo que aquí estamos protegiendo es su forma de vida acorde a su religión, impidiendo que el Estado violente sus creencias más íntimas. La libertad religiosa implica obviamente la posibilidad de pluralidad en una comunidad, pero ante todo e incluida en la posibilidad de la variedad de cultos está la profesión y vivencia de acuerdo a la fe. Es tan importante este derecho, hace tan profundamente a la esencia misma del hombre, que afirmaba un pontífice romano –Juan Pablo II- que es signo emblemático del auténtico progreso y respeto por la dignidad humana en las sociedades, siendo como un test concreto para la observancia de cómo se valoran los demás derechos fundamentales, de los que es fuente y síntesis. Señalo esto porque sirve como mejor antecedente frente a posibles futuros atropellos estatales que se deje bien claro que se toma la decisión también como signo eminente de la importancia que merece la tutela efectiva de la libre vida religiosa de los integrantes de nuestra sociedad. Si bien en este caso sostenemos que, al igual que la protección de las acciones privadas, la práctica religiosa cede ante el daño concreto a un tercero, no está de más recordar también este derecho humano básico, y que, de tan importante, puede y debe motivar fallos trascendentes como el aquí sucintamente analizado en lo que se refiere a estas cuestiones.
Conclusión: este significativo precedente recuerda el axioma de proteger nuestra libre acción humana y forma de vida ante el Estado, como bien se colige del art. 19 de la Constitución, aunque debe proteger de igual forma y fundarse en el también cardinal derecho humano a la libertad religiosa; y en el plano de sus límites debemos darle más lugar a la defensa –no afectación por su ejercicio- de los derechos primarios de terceros concretos (tales como hijos y su protección, valorizando la familia) que acudir a un etéreo y peligroso interés público. Hay trasfondos que quizás pueden tener preocupantes consecuencias jurisprudenciales futuras con la actual conformación de la Corte, por ello simplemente estemos atentos y sepamos de qué se trata.

Dr. Lucas Fiorini




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