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Lo que está en juego es el derecho a la energía

Llevamos dos décadas de política de privatización de la energía, como parte de una estrategia asentada en la promoción de la iniciativa privada. No agregamos nada al debate si afirmamos que ese rumbo terminó en el fracaso actual.
La sobreexplotación de los pozos concesionados, sin nuevas exploraciones, para exportar nuestros recursos hidrocarburíferos, devino en cuantiosas ganancias remitidas por la transnacional Repsol y otras a su casa matriz, la expansión empresarial a otros países de la región, y la brutal caída de las reservas de petróleo y gas.
En ese camino, el país perdió su capacidad de autoabastecimiento y dilapidó sus reservas de petróleo y gas, para convertirse en importador neto de combustible (gas natural, fueloil y gasoil), nada menos que por US$ 9.300 millones en 2011, el doble que en 2010. Es un tema asociado a la crisis actual del sector externo. ¡Faltan dólares para pagar la deuda externa y las importaciones energéticas! Por eso las restricciones en el mercado de divisas y el cierre de las importaciones necesarias para la producción de insumos y bienes de capital. El resultado de este modelo energético basado en la privatización y extranjerización es la pérdida de soberanía energética para profundizar la dependencia y el atraso.
Podríamos gritar que “ya lo habíamos dicho” y no ganamos mucho, porque nuestra voz fue deliberadamente acallada, y nuestra razón suena a victoria pírrica. Sale la pena denunciar a los privatizadores de la primera hora, que ahora escamotean su responsabilidad. Son parte de los mismos que coincidieron con la estrategia de transferir a las provincias la gestión soberana de los recursos naturales. No olvidemos que ello fue producto de una reforma constitucional sellada con el Pacto de Olivos en 1994. No sólo fueron responsables los Menem y los Cavallo, los neoliberales consumados, y a quien le caiga el sayo que se lo ponga. Son nombres personales e instituciones del régimen constitucional los que definen el dominio de la República, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial.
Ante el fracaso de la privatización corresponde la socialización de YPF y la política energética. La venta de YPF se justificó por la corrupción y la ineficiente gestión, la que favoreció inmensos negocios para las petroleras privadas; al tiempo que la estatal por excelencia fue abanderada del endeudamiento externo que condicionó la política económica en las últimas décadas. No alcanza con volver hacia atrás y “nacionalizar”, mucho menos “argentinizar”, un camino recorrido con las facilidades para ganancia espuria al grupo Eskenazi. Es tiempo de socializar, lo que supone transformar el “Estado bobo” e incorporar a los trabajadores y a la sociedad en la gestión de un programa de soberanía energética, que recupere el patrimonio energético a manos del pueblo encabezado por la recuperación de YPF a la soberanía nacional y popular.
Esa socialización debe operar sin indemnización, sustentado en la cuantiosa remisión de utilidades al exterior en este tiempo y en la depredación realizada en los pozos concesionados. Se trata de transformar la realidad, anulando las concesiones, volviendo la propiedad de los recursos naturales a la nación, y realizando la reforma fiscal necesaria que asegure recursos suficientes a las provincias para su gasto social. Lo que está en juego es el derecho a la energía. Hay que terminar con el ciclo histórico que trató todo como una mercancía. La educación, la salud, la alimentación, la energía son derechos de la población. No importa quién amenace ni cuánto despotriquen. La región americana vive su tiempo histórico de recuperación de un proyecto emancipador. Es hora de que el país asuma el compromiso de protagonizar esa tarea en defensa de la soberanía y la integración regional, con un modelo donde la energía sea considerada un valor estratégico, tratada como un bien social y un derecho humano al que todos deben tener acceso.

Jose Rigane
Secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina y adjunto de la CTA.


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